Nueva Ley de Telecomunicaciones en México: ¿Modernización o Riesgo para la Libertad de Expresión?

El pasado 23 de abril de 2025, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó al Senado una propuesta de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El objetivo: modernizar el sector, reforzar la soberanía nacional y garantizar la conectividad. Sin embargo, el proyecto encendió una fuerte discusión pública por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, la inversión privada y la autonomía de los órganos reguladores.

Aunque su votación en el Pleno estaba prevista para el 28 o 29 de abril, el proceso fue suspendido tras una oleada de críticas y la intervención directa de la propia presidenta.

Hoy en Bernez, te explicamos de manera clara en qué consiste esta propuesta, por qué se detuvo su avance y qué riesgos y oportunidades representa para México.

¿Qué propone esta nueva ley?

La iniciativa busca reposicionar al Estado como actor principal en las telecomunicaciones, un sector considerado estratégico. Algunos de sus principales cambios son:

Prohibición de propaganda extranjera: Se limitaría la difusión de mensajes políticos, ideológicos o comerciales de gobiernos extranjeros en radio, televisión y plataformas digitales. Solo se permitirían aquellos con fines culturales o turísticos.
Creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): Este nuevo organismo, bajo control del Ejecutivo, reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta ahora autónomo.
Regulación de plataformas digitales: El polémico artículo 109 permitiría bloquear temporalmente servicios digitales que no cumplan las regulaciones nacionales, sin necesidad de orden judicial.
Fortalecimiento de operadores estatales: Empresas como CFE Telecom y Altán Redes podrían recibir concesiones preferenciales, buscando cerrar la brecha digital.
Soberanía y acceso universal: El acceso a internet se plantea como un derecho fundamental para todos los mexicanos.

El discurso oficial sostiene que esta reforma modernizaría el sector, protegería a las audiencias de contenidos discriminatorios y ampliaría el acceso en zonas rurales.

¿Por qué se suspendió la votación?

Aunque la propuesta fue aprobada rápidamente en comisiones, la presión social y política no tardó en hacerse sentir:

#LeyCensura: El artículo 109 provocó acusaciones de censura y autoritarismo por parte de organismos civiles, académicos y la oposición política.
Intervención presidencial: El 25 de abril, Sheinbaum pidió frenar la aprobación "fast track" y abrir un diálogo más amplio para revisar los puntos polémicos, especialmente sobre la libertad de expresión.
Falta de análisis público: La velocidad con la que se impulsó la ley generó críticas por opacidad y falta de debate.

Actualmente, el Senado lleva a cabo un proceso de consulta más abierto para recoger opiniones de especialistas y sociedad civil antes de retomar la discusión.

¿Qué impactos podría tener esta ley?

Como en todo cambio estructural, hay luces y sombras:

Posibles beneficios

Conectividad para todos: Facilitaría el acceso a internet en comunidades marginadas, impulsando la educación, salud y comercio en línea.
Protección cultural: Limitaría campañas extranjeras discriminatorias, fortaleciendo la identidad nacional.
Digitalización del gobierno: Mejoraría trámites y servicios públicos, aumentando la competitividad.

Principales riesgos

Menor inversión privada: La eliminación del IFT y la centralización en un organismo dependiente del Ejecutivo podrían desalentar a inversionistas, afectando el crecimiento del sector.
Amenaza a la libertad de expresión: Sin supervisión judicial, los bloqueos de plataformas podrían ser utilizados de manera discrecional, debilitando derechos fundamentales.
Competencia desleal: Favorecer a empresas estatales podría afectar la innovación y calidad de los servicios de telecomunicaciones.
Costos operativos más altos: Dividir funciones regulatorias aumentaría la burocracia y los gastos para las empresas del sector.

Una mirada crítica y objetiva

En Bernez reconocemos que cerrar la brecha digital y proteger la soberanía son objetivos legítimos y necesarios.La creación de la ATDT y la priorización del acceso universal van en la dirección correcta para atender una deuda histórica con millones de mexicanos.

Sin embargo, también vemos con preocupación que la forma en que se plantea esta reforma abre riesgos importantes:

Centralizar tanto poder en un organismo sin contrapesos podría derivar en decisiones arbitrarias.
Bloquear plataformas digitales sin procesos judiciales claros puede poner en riesgo la pluralidad de ideas y la libre circulación de información.
Un entorno de incertidumbre regulatoria podría ahuyentar inversiones que son clave para el crecimiento del país.

En resumen: la intención de fondo es valiosa, pero la ejecución propuesta requiere ajustes urgentes.

¿Qué se recomienda para mejorar esta ley?

Reformular el artículo 109 para garantizar bloqueos solo con autorización judicial.
Crear un órgano independiente que supervise a la ATDT.
Asegurar reglas de competencia justa para operadores públicos y privados.
Ampliar la consulta pública, incorporando voces de expertos, ciudadanos y sector privado.

La nueva Ley de Telecomunicaciones tiene el potencial de ser un avance para México, pero solo si se equilibra adecuadamente el fortalecimiento del Estado con el respeto a los derechos fundamentales y a la libre competencia.La suspensión de la votación no debe verse como una derrota, sino como una oportunidad para corregir y construir consensos sólidos.Desde Bernez, creemos firmemente que el futuro de las telecomunicaciones en México debe ser inclusivo, transparente y respetuoso de las libertades, para realmente impulsar el desarrollo que todos deseamos.